por Rafael
Bernabe
Tanto la preparación como el impacto y la respuesta al
paso del huracán María por Puerto Rico han estado marcados, profundamente
marcados, por el carácter socialmente desigual, neoliberal y privatizado (es
decir, no planificado, fragmentado y ecológicamente destructivo), al igual que
colonial, de la sociedad puertorriqueña. Como indicamos en nuestro primer
artículo durante esta emergencia ("Las lecciones del huracán", 1ro
octubre), no podemos atender seriamente la reconstrucción si en el proceso no
empezamos a también atender estos problemas más profundos.
La preparación desigual refleja las
desigualdades que, a pesar de los llamados a la unidad, definen a la sociedad
puertorriqueña: los más pobres, los que menos tienen, son los que peor pueden
prepararse para el huracán, los que son más duramente impactados por su paso y
los que más tiempo requieren para recuperarse, si es que se recuperan.
La fe ciega en el mercado, la iniciativa privada y la competencia como resuelvelótodo
y forma de gestionar procesos interdependientes generan una cultura que no
fomenta la previsión consciente, ni la planificación. De ahí que no se
aprovechen experiencias como las de Andrew y Katrina, para no hablar de
adaptarlas a la realidad insular de Puerto Rico. Esto aplica, no solo a las
agencias del gobierno de Puerto Rico, sino también a la burocracia federal de
atención a desastres (FEMA). A más de dos semanas del huracán, se han recibido
tres de los más de cien generadores grandes que previsiblemente eran y son
necesarios para mantener y restaurar el servicio de agua potable con celeridad,
para mencionar un ejemplo ofrecido por la prensa.
La privatización y el desmantelamiento del sistema de salud y la
dependencia absoluta en el automóvil privado (denunciada desde hace décadas),
es decir el desmantelamiento de algunos sistemas públicos y la incapacidad de
crear otros, que ya tenía efectos sociales y ecológicos terribles, entorpece
tremendamente la recuperación luego del paso del huracán.
La hipertrofia del presupuesto militar en Estados Unidos y otros países
conlleva que parte importante del apoyo logístico para la reconstrucción
adquiera una dimensión militar: esto no demuestra la bondad del aparato
militar, sino hasta que punto el militarismo acapara recursos que debieran
estar en manos de agencias civiles dedicadas a la atención de las necesidades
no satisfechas de vivienda, salud, educación, entre muchas otras.
La dimensión económica de la realidad colonial genera los altísimos
niveles de pobreza (más de 45% de la población, comparado con 15% en la
metrópoli), de desempleo (40% de tasa de participación laboral, comparado con
65% en la metrópoli) y la falta de recursos del gobierno que acentúan el
impacto del huracán a la vez que la subordinación y la relegación política se
reflejan en la falta de respuesta adecuada de Washington a la urgencia de la
crisis (situación que a penas ha empezado a mejorar gracias a las denuncias,
sobre todo de la diáspora puertorriqueña y de algunas voces en Puerto Rico).
A los males "normales" del colonialismo se añade el particular
fenómeno del Presidente Trump. Este señor se las arregló para primero expresar
total indiferencia ante la crisis en Puerto Rico, luego recordarnos que a pesar
de todo era necesario pagar la deuda, y más adelante insultar a los
trabajadores puertorriqueños. En su visita hizo lo que predijimos: nada. Fue un
estorbo. Y además nos insultó, de nuevo minimizando el impacto del huracán y de
paso hacer dos o tres chistes mongos en un país que no está para chistes (95%
sigue sin electricidad, 50% sin servicio de agua, 70% sin teléfono, no pocos
sin acceso seguro a alimentos, agua o medicamentos, entre otras cosas). De las
sonrisas de la Comisionada Residente al bajarse del Air Force One, de los
alcaldes tomándose el selfie con este nototio racista, xenófobo y machista no
digo nada porque se me revuelca el estómago. Tienen un lugar seguro en la
galería que algún día se construirá de las verguenzas del colonialismo en
Puerto Rico.
Como indicamos, la reconstrucción no puede limitarse a restablecer la
electricidad, el agua y los teléfonos, aunque empieza por eso, sin duda.
Tenemos que redoblar el esfuerzo por atender los problemas que emanan de la
desigualdad social, de las políticas y prácticas neoliberales y del doble
problema colonial, tanto de unilateralidad económica como de subordinación
política. Sobre todo esto, el huracán reafirma la justeza de propuestas que ya
habíamos formulado –sobre la deuda, sobre PROMESA, la aportación federal a la
recuperación económica y la descolonización. También impone actualizar y
modificar algunas de esas propuestas.
Sobre la deuda. Hasta ahora habíamos planteado la necesidad de la
auditoría, la anulación de la parte ilegal, inconstitucional e ilegítima de la
deuda y la renegociación de la parte restante con la prioridad de garantizar las
pensiones, servicios esenciales y la recuperación económica. Ante el impacto
catastrófico del huracán, esta propuesta debe transformarse en la exigencia de
la anulación de la deuda, lo cual no excluye completar la auditoría. La base
legal del planteamiento son las reconocidas doctrinas de la fuerza mayor y el cambio de circunstancias
al igual que el estado de necesidad. La primera situación existe cuando
"a government or public body finds itself, due to external circumstances
beyond its control, unable to fulfill its international obligations, including
repayment of a debt." El
segundo caso existe cuando el pago de la deuda impediría al estado garantizar
las necesidades de la población. No se trata, explican los autores que
citamos, de que el gobierno esté "absolutely prevented from fulfilling
international obligations but of recognizing that to do so would necessitate
sacrifices on the part of the population that go beyond what is reasonable. The
state of necessity may justify repudiating the debt, since it implies
establishing priorities among the different obligations of the state." (Eric
Toussaint, Damien Millet, Debt, the IMF
and the World Bank, New York:
Monthly Review, 2010, pgs. 246-47) Como
puede verse, estas descripciones aplican claramente a nuestro caso.
Según la prensa, la alcaldesa de San Juan propuso una moratoria de diez
años al pago de la deuda. Es un paso al frente, pero solo como tiempo para
fundamentar debidamente el alegato y emprender la acción hacia la anulación,
como hemos indicado. Hasta el mismo Trump ha hecho declaraciones en el sentido
de anular la deuda ("wipe out" fueron sus palabras), que luego fueron
desmentidas por uno de sus directores de finanzas (lamento no poder proveer las
referencias, pero no tengo Internet donde redacto estas líneas). Otros plantean
que detrás de la propuesta de Trump se encuentra la apreciación de algunos
importantes bonistas de que, dadas las circunstancias, podrán cobrar más si se
anula la deuda y negocian lo más posible como pago de las casas aseguradoras.
No sabemos. Pero nuestra posición no depende de estas maquinaciones de los
grandes acreedores o de la impulsividad de Trump. Nuestra exigencia es clara:
anular la deuda por causa de fuerza mayor, cambio fundamental de situación y
estado de necesidad.
Sobre la aportación federal habíamos señalado nuestro derecho a una
aportación federal significativa a la recuperación económica. La crisis
provocada por el huracán ha obligado a que esto (que se nos decía era imposibe)
empiece a realizarse (apoyos que ya están llegando, suspensión leyes de
cabotaje) y a discutirse a través de proyectos de ley bajo consideración del
Congreso. Sobre esa legislación, se habló inicialmente de una aportación de $7
a $10 mil millones, luego se habla de una aportación de $29 mil millones a
FEMA, que esa agencia distribuiría entre Florida, Texas, Islas Vírgenes y
Puerto Rico. Tanto las cantidades como este diseño son insuficientes e
inadecuados. Puerto Rico no es un caso entre otros: es un territorio colonial
que acarrea problemas iniciales muchos más profundos, de los cuales el Congreso
es, al menos en parte, responsable (como ha reconocido el mismo partido de
gobierno: véase el preámbulo de la Ley 51 de 2017, la ley del plebiscito).
Necesitamos asignaciones para la reconstrucción económica de Puerto Rico, no
solo la recuparación post-huracán. Harían falta, en todo caso, al menos $5 mil
millones anuales (que dicho sea de
paso, en el presupuesto federal es poquísimo: alguien en la prensa
estadounidende lo comparaba con el gasto de $80 de una persona con un ingreso
de $50 mil). Este apoyo no es una ayuda, no es caridad, es algo a lo que
tenemos derecho como resultado de las consecuencias terribles de más de un
siglo de subdesarrollo colonial, del cual las empresas externas,
fundamentalmente estadounidenses, han extraído y extraen fabulosas ganancias
(más de $30 mil millones anuales, en
la actualidad): es lo que en Jamaica y otros lugares llaman reparaciones por el
impacto y el legado de la dominación colonial.
En el caso de Puerto Rico tenemos el precedente del proyecto del
Representante Vito Marcantonio en 1936, que disponía el pago de tales
compensaciones a un Puerto Rico descolonizado. En actualidad, puede servir de
punto de partida el proyecto de ley sobre la deuda y otros temas sometido por
el Senador Bernie Sanders en 2016 (no tengo a la mano el nombre del proyecto)
que debe ser mejorado con enmiendas (sobre la forma de asignación de fondos, la
manera de atender el tema del status, entre otros aspectos). Desde la campaña
del PPT en 2012, cuando aún estaba fresca la experiencia de la crisis financiera
de 2008, indicamos que si se podía encontrar en pocas semanas $700 mil millones
para rescatar a los bancos, debía hacerse lo mismo para rescatar a los pueblos.
De allá para acá han continuado las políticas, como el llamado Quantitative
Easing, que inyectan miles de millones a la banca. ¿Hasta cuándo seguirá el
rescate de los grandes y el abandono de los pueblos?
Evidentemente todo esto debe conllevar la revocación de la Ley Promesa,
cuya estrechez para atender los problemas de Puerto Rico es ahora más evidente
que nunca. Lo único que debe mantenerse de aquella legislación es la protección
(stay) de acciones legales de los acreedores.
Demás este decir que esto debe acompañerse de una nueva política
económica que enfatice la reinversión en el país de las ganancias que aquí se
generan y la redistribución más equitativa del ingreso y la reorganización
participativa del trabajo en los sectores públicos y privados. Sin esas
medidas, todo el discurso de unidad, el "united we stand" del
editorial del Nuevo Día con motivo de
la visitia de Trump, se convierte en palabra vacía que encubre la realidad de
una sociedad profundamente dividida. No dividida por los partidos, como a veces
se dice superficialmente: los partidos pueden desaparecer mañana y Puerto Rico
seguirá igualmente dividido entre poseedores y desposeídos, ricos y pobres,
privilegiados y desamparados.
Nada de esto (anulación de la deuda, aportaciones) puede lograrse, por
supuesto, sin la movilización: la movilización en Puerto Rico, la movilización
en Estados Unidos, tanto de la diáspora boricua como de otros sectores afines.
La experiencia del huracán ha sido una muestra magnífica de que esa denuncia,
esa movilización funciona. La presidencia de Trump está generando resistencias
de todo tipo a sus políticas: movimientos que exigen para el pueblo de Estados
Unidos lo mismo que exigimos para Puerto Rico (impuestos a gran capital,
proyectos de empleo e infraestructura, energía renovable, reducción del gasto
militar a favor del bienestar social, etc.) Tenemos que vincularnos a esas
resistencias y lograr que nuestro programa (anulación de la deuda, aportación a
la reconstrucción, descolonización, etc.) se convierta en parte de su programa.
Pero para eso tenemos que formularlo y defenderlo en Puerto Rico: como dice el
refrán, la ayuda llega a quien se ayuda.
Para ayudarnos a atender el problema colonial, que tan crudamente se ha
planteado durante esta crisis, tenemos al alcance la convocatoria de una
asamblea constitucional de status, que hable, como representante del país, ante
el Congreso. ¡Cuanto mejor estaríamos hoy si en lugar de malgastar millones en
un plebiscito inútil tuviésemos ese organismo en funciones, compuesto por
delegados y delegadas compremetidos con el bienestar de la mayorías, para
exigir con fuerza renovada lo que el país necesita ante esta crisis! Aunque
subrayo lo ya dicho: esta asamblea tendrá tanta fuerza como le otorgue la
movilización fuera de la asamblea.
Como indiqué en mi primer artículo, la situación actual se asemeja a la
de principios de la década de 1930: el país azotado por dos huracanes (San
Felipe y San Ciprián), agobiado por una economía unilateral y colonial (la
economía cañera de aquella época), sumido en la depresión económica. De esa
crisis se salió gracias a grandes movimientos que formularon programas de
reforma agraria, ampliación del sector público, derechos laborales y descolonización.
El más influyente de todos, el PPD, luego abandonó lo que inicialmente había
defendido. Necesitamos los equivalentes del siglo XXI de aquellos movimientos y
la constancia que otros no tuvieron. Esas fuerzas solo pueden surgir de la
organización del pueblo trabajador para la defensa de sus intereses. La clase
trabajadora, en el sector privado y público, los profesionales independientes y
asalariados, los agricultores, que en este momento están restableciendo el
servicio eléctrico, de agua, de teléfono, de salud, de combustible, de
carreteras, de distribución de alimento, los que están reconstruyendo a Puerto
Rico, día por día y hora por hora, son los que también pueden crear un Puerto
Rico distinto. La reconstrucción de Puerto Rico, de un Puerto Rico distinto,
democrático, solidario, sustentable y descolonizado pasa por la construcción de
ese movimiento independiente de pueblo trabajador.
5 octubre
2017
