Por: Inter News Services
La Liga Ecológica Puertorriqueña del Noroeste solicitó un interdicto preliminar y permanente y sentencia declaratoria contra el municipio de Aguadilla y Caribbean Management Group (CMG) para detener la construcción de un proyecto que es distinto al que había sido evaluado y aprobado en la década del 1990, afirmó la agrupación.
La Declaración de Impacto Ambiental y Consulta de Ubicación aprobadas entonces hoy afectarían los terrenos y zona marítima terrestre conocida como Playuela en el municipio demandado, afirmó la Liga.
“Han pasado mas de veinte años desde que se aprobó la DIA. El proyecto aspectado, y las condiciones sociales, económicas y ambientales, han cambiado significativamente”, expresó Eric Gerena, residente de Playuela. Agregó que “la construcción actual burla los procesos de planificación que protegen a las comunidades y al medio ambiente”.
Gerardo Lebrón, comerciante y activista ambiental, expresó que la CMG no ha solicitado ni obtenido permiso de construcción alguno.
“Para ninguna de las fases o estructuras del proyecto esta empresa ha solicitado los permisos requeridos. Arrasan terreno y construyen una calle que no llega a ninguna fase o estructura”, sostuvo.
Enfatizó que la construcción de la calle carecía de validez, toda vez que el permiso obtenido ya no era vigente.
“No obtuvieron los endosos necesarios para comenzar la construcción según exigía el mismo permiso de la calle”, aseveró.
Gerena manifestó que tras pasar tanto tiempo se desconocían los impactos ambientales del nuevo proyecto.
“Sobre todo nos preocupa la comunidad donde muchos vivimos. El proyecto ignoró las condiciones impuestas en el proceso de planificación de hace 20 años. Por lo que estos documentos caducaron y no tienen validez”, dijo.
Lebrón describió que en el litoral se realizan actividades tales como pesca recreativa, observación de tortugas marinas, surfing, kayaking, paddle board, buceo y caminatas.
“Los vecinos están preocupados por el impacto al medio ambiente, su calidad de vida, seguridad y salud. CMG ni siquiera ha cumplido com un requerimiento solicitado por el DRNA para identificar si existen cavidades asociadas a los sumideros de las fincas colindantes”, señaló.
Omar Saade, uno de los abogados de la parte demandante, entiende que el reclamo de la comunidad es válido porque este proyecto impide el disfrute de los valores estéticos, culturales y ambientales de la comunidad.
“Estos vecinos se van a ver particular y negativamente afectados por las actuaciones ilegales de los demandados. Los demandantes son usuarios frecuentes del litoral y de las costas y organizan y participan con regularidad en actividades de protección, conservación y disfrute de los recursos naturales”, aseguró.
Según el licenciado, “tenemos que explicar los cambios para que entiendan la magnitud de este reclamo. El proyecto de 1994, conocido como Christopher Colombus Landing Resort, consistía de una construcción de un hotel de tres pisos, 300 habitaciones y un casino de 17 mil pies cuadrados”.
Además, informó que “pretendía construir 12 estructuras con una altura máxima de dos pisos para uso de villas, condominios, condo-hoteles y área comercial de 75,000 pies cuadrados de construcción en 123.46 cuerdas de terreno. Luego de varios incidentes procesales y administrativos el proyecto fue traspasado a CMG quien no ha solicitado ni obtenido permisos de construcción”.
“CMG propone ahora la construcción de un Hotel de siete niveles. Además de dos estructuras para estacionamiento y viviendas que tendrán cuatro niveles, en lugar de dos. Este aumento en altura en el hotel y en los demás edificios presenta un cambio significativo expresamente prohibido en la consulta de ubicación”, acotó el abogado.
A su vez, indicó que el proyecto “propone operar un centro de convenciones, el cual no ha sido evaluado en la DIA ni aprobado en la Consulta de Ubicación. Construyen actualmente una calle vecinal estrecha que transcurre por la zona residencial de Playuela la cual es incompatible con la calle de acceso evaluada en la DIA en el proyecto original”.
Para Saade, “todos estos cambios presentan impactos ambientales distintos y no planificados como el tráfico, generación y disposición de basura, viabilidad e impacto económico, además del impacto en la infraestructura existente o la necesaria”.
La parte demandante espera se escuchada en una vista señalada en Aguadilla el próximo 17 de febrero en la que darán a conocer sobre los cambios ambientales y sociales en el área y por qué los anteproyectos aprobados por ARPE son nulos.
La Liga se mostró esperanzada en que el Tribunal de Aguadilla paralice toda actividad y construcción hasta tanto se cumpla con la ley de política pública ambiental y demás requisitos administrativos.
Oprima estos enlaces para ver las entrevistas:
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