Todo no está rosado en EEUU / Everything is not rosy in USA

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A pesar de que Estados Unidos es el país más rico del mundo en términos absolutos, permanece por detrás de muchas otras naciones en garantizar las necesidades de todos sus ciudadanos: el 20 por ciento de los niños menores de cinco años viven en la pobreza (el mayor índice de pobreza infantil de todos los países industrializados), 44 millones de personas carecen de seguro de salud, entre 40 y 44 millones de personas son analfabetos, y 28 millones no tienen la comida asegurada. 

Estados Unidos se encuentra virtualmente solo en su oposición a los derechos económicos y sociales. La Segunda Carta de Derechos propuesta por el presidente Franklin Roosvelt en 1944, que se centraba en garantizar el trabajo, la vivienda y los ingresos, la atención médica y la educación, la protección contra la inseguridad económica en la vejez, la enfermedad  y el desempleo, y un mercado sin competencia desleal y dominio de monopolios, serviría como base para la seguridad de la economía. A pesar de que la visión de Roosvelt nunca llegó a incorporarse a la política interna americana, sirvió para inspirar el proyecto y la adopción de la Declaración Universal bajo el liderazgo de la sra. Eleanor Roosvelt.

Las administraciones americanas (a pesar del amplio consenso mundial en contra) con frecuencia han considerado los derechos económicos y sociales como meras “aspiraciones”, sin valor coactivo alguno y han sido tomados más bien como una cuestión política en la que se deja un amplio margen a los gobiernos para su aplicación según la coyuntura política del momento. A nivel interno, Estados Unidos no proporciona ninguna garantía constitucional en el orden federal para los derechos económicos y sociales, y aún no ha ratificado el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Más aun, los gobiernos norteamericanos de las últimas dos décadas han ido erosionado la cobertura legislativa nacional y los estándares internacionales para los derechos económicos y sociales, que son mucho más vulnerables en la situación política y económica actual.

El trabajo de CESR en Estados Unidos pretende crear y consolidar la rendición de cuentas sobre los derechos sociales y culturales. Nuestra meta es formar una cultura de derechos humanos en Estados Unidos y conseguir que la política interior americana se encuentre en conformidad con los estándares internacionales. Nos proponemos reivindicar la introducción de todo el conjunto de derechos humanos en el sistema legal de EE.UU. y en la cultura popular americana. El reconocimiento de los derechos económicos y sociales por el público norteamericano y por el escenario político fortalecerá la responsabilidad del gobierno a pesar de los cambios políticos. Por ejemplo, el reconocimiento norteamericano tanto legal, como político y cultural de los derechos civiles, protegieron el núcleo de la Ley de Derechos Civiles de 1964 contra los continuos ataques políticos y judiciales mantenidos durante las décadas de 1980 y 1990.

La estrategia de CESR para promover los derechos económicos y sociales en Estados Unidos se ha centrado en el trabajo sobre proyectos concretos, apoyando movimientos de base a favor de la justicia social, desarrollando materiales educativos y formativos, y relacionando los mecanismos legales internacionales con las violaciones nacionales de los derechos económicos, sociales y culturales.

CESR comenzó su labor reivindicativa en los Estados Unidos en 1998, colaborando al principio en temas de salud transfronterizos en relación con las maquiladoras de la frontera de Texas y México, y continuando con el trabajo sobre los derechos de los trabajadores en la ciudad de Nueva York con la National Mobilization Against Sweatshops (Movilización Nacional contra las Maquiladoras). CESR puso también en marcha un proyecto sobre el derecho a la educación que vinculó la visita del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el Derechos a la Educación con grupos nacionales. El informe  Civil Society and School Accountability (La Responsabilidad de la Sociedad Civil y de la Escuela) fue elaborado por CESR y New York University Institute for Education and Social Policy (Instituto para la Educación y la Política Social de la Universidad de Nueva York). El informe argumenta que los padres y las comunidades tienen el derecho a participar en la gestión y la supervisión del sistema escolar, y que la defensa efectiva de tal derecho es esencial para generar una mayor responsabilidad en todos los niveles. El informe determina y critica los obstáculos a la participación que existen actualmente en las escuelas de la ciudad de Nueva York y realiza recomendaciones basadas en los estándares de los derechos humanos para asegurar una mejor y más eficaz participación de la sociedad civil. 

CESR también participó en el secretariado de la US Human Rights Network (Red Estadounidense de los Derechos Humanos), que surgió de la Cumbre de Líderes de los Derechos Humanos de EE.UU. - "Ending Exceptionalism: Strengthening Human Rights in the United States")- llevada a cabo del 12 al 14 de julio de 2002 en Howard University Law School.

CESR ha reivindicado en los Estados Unidos el derecho a la asistencia de salud universal. En 2004 CESR publicó "The Right to Health in the United States of America: What does it mean?" Este informe analiza cómo el sistema de salud estadounidense no alcanza los estándares internacionales sobre el derecho a la salud.

El trabajo más reciente de CESR se ha centrado en la presentación de Estados Unidos ante el Examen Periodico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de NU, para hacer ver la urgente necesidad de aumentar los esfuerzos por la realización de los derechos económicos y sociales en el país.  Como parte de este trabajo CESR organizó, en colaboración con ONGs del país, un evento paralalelo denominado "Building Foundations for Freedom from Want in the Land of Plenty" durante la 9a sesión del Grupo de Trabajo del EPU.  Algunas de las preocupaciones destacadas en este evento fueron incluidas durante el dálogo interactivo del EPU y en la lista de recomendaciones preparada por el Grupo de Trabajo. El primero proceso de revisión del EPU de Estados Unidos finalizó durante la sesión 16 del Consejo de Derechos Humanos, cuando el país hizo sus comentarios finales a las recomendaciones que recibió.   

Despite the fact that the United States is the world's richest economy, it lags behind many other nations in fulfilling the needs of all of its citizens: 20 percent of children under the age of five live in poverty - the highest child poverty rate of any fully-industrialized nation; 44 million people lack health insurance; between 40 and 44 million people are functionally illiterate; and 28 million people face food insecurity.

A 2010 CESR fact sheet reveals that despite the country's wealth, the United States has one the poorest records of economic and social rights achievement of all high-income countries. Child poverty and infant mortality are far higher than in other comparable countries. Health and education disparities, particularly between ethnic groups, are extremely wide: African American women are almost four times more likely to die in childbirth than white women.  

The United States stands virtually alone in the world as an opponent of economic and social rights. The Second Bill of Rights proposed by President Franklin Roosevelt in 1944 which focused on guarantees of work, adequate housing and income, medical care and education, protection from economic fears of old age, sickness, injuries, and unemployment, and a market free from unfair competition and domination of monopolies was to serve as basis of economic security. While FDR's vision was never integrated into American domestic policy it did serve to inspire the drafting and adoption of the Universal Declaration under the leadership of Mrs. Eleanor Roosevelt.

American administrations -- regardless of the broad global consensus to the contrary -- regularly take the position that economic and social rights are merely "aspirational," unenforceable and best approached as a policy matter leaving broad latitude to governments to provide or deny such rights depending on the political context of the moment. On the domestic level, the United States provides no federal constitutional guarantees for economic and social rights, and has yet to ratify the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. Instead, American governments over the last two decades have steadily eroded domestic legislative protections and international legal standards for economic and social rights, which are particularly vulnerable to regression in the current political and economic environment.

The election of President Obama in 2008 created new hope that the position of past governments would be rectified. There have been increased efforts among the US human rights community to encourage the new administration to change its stance on economic, social and cultural rights and to ratify the Covenant. For example, a 2009 paper by honorary CESR board member Philip Alston suggests how these rights can be put back on the US agenda and advocates for more constructive engagement with them by the new administration.

CESR's work in the United States seeks to create and strengthen American accountability for economic and social rights. We aim towards building a human rights culture in the United States and in bringing American domestic policies into compliance with international standards. CESR's goal is to advocate to incorporate the full range of human rights into the U.S. domestic legal system and popular discourse. Recognition of economic and social rights in the American public and policy arena will strengthen government accountability regardless of political shifts. For example, American legal, political and popular cultural recognition of political and civil rights protected the core of the 1964 Civil Rights Act against sustained concerted political and judicial attacks during the 1980's and 1990's.

CESR's strategy to promote economic and social rights in the United States has focused on actual project work, supporting grassroots social justice movements, developing education and training materials, and linking international legal mechanisms with domestic violations of economic, social and cultural rights.

CESR began its advocacy work in the United States in 1998, beginning with a collaboration on cross-border health issues surrounding the maquiladoras at the Texas-Mexico border, and went on to work on rights of workers in New York City with the National Mobilization Against Sweatshops. CESR also initiated a project on the right to education which linked the visit of the United Nations Special Rapporteur on the Right to Education with domestic groups. The report Civil Society and School Accountability was produced by the Center for Economic and Social Rights and the New York University Institute for Education and Social Policy. The report argues that parents and communities have a human right to participate in the management and oversight of the school system, and that the effective protection of the right to participation is essential for creating greater accountability at all levels. It identifies and critiques the obstacles to participation that currently exist in New York City schools and makes recommendations based on human rights standards for how to better ensure effective civil society participation.

CESR also served on the secretariat of the US Human Rights Network, which emerged from the US Human Rights Leadership Summit - "Ending Exceptionalism: Strengthening Human Rights in the United States" - held on July 12-14, 2002 at Howard University Law School.

CESR has also advocated for the right to universal health care in the United States. In 2004, CESR published "The Right to Health in the United States of America: What Does it Mean?" The report analyzes how the U.S. health care system falls short of international standards for the right to health.

CESR´s recent work has focused on the US appearance before the Universal Periodic Review (UPR) at the UN Human Rights Council, in order to highlight the urgent need for increased efforts to fulfil many fundamental economic and social rights. As part of this work CESR co-organized a side event called "Building Foundations for Freedom from Want in the Land of Plenty" with other US based NGOs during the 9th session of UPR Working Group. Some of the concerns highlighted during this event were included in the interactive dialogue of the UPR and also in the list of recommendations prepared by the UPR Working Group. The first U.S. UPR process finished at the 16th session of the Human Rights Council when the United States made its final comments about the recommendations it recieved.