Por
MX
Para
los Tainos, el crimen más horrible entre ellos, el que se juzgaba merecedor de
la pena máxima, era el robo. La pena máxima era la expulsión de por vida de la
aldea o yucayeke. Ya que toda propiedad era comunal por lo que el robo no era
un delito contra un individuo en particular sino contra toda la comunidad. En aquellos
tiempos y condiciones, tal acto de robo, podía conllevar a que a todo el pueblo se viera en una situación
precaria.
Este concepto político-económico de justicia hacía
de los tainos gente excepcionalmente honrada.
Pero
la cosa no se quedaba ahí, para proteger a los demás tainos de los demás
yucayekes, se enviaba un emisario para notificarles y denunciar el delito que
tal taino había cometido. Así que los días estaban contados para el criminal ya
que los demás tainos entendían que si el delincuente le había robado a su
propia aldea, a su propia gente, a su familia y seres amados, que evitaría que
a ellos también les robara.
Si
aún no han entendido, imaginado o intuido, ese acto de expulsión del yucayeke
por tal delito, equivalía a la pena de muerte ya que era prácticamente
imposible vivir en aquellos tiempos y condiciones solo en el bosque.
La
corrupción o robo al yucayeke de nuestros días, entiéndase al estado, es uno de
los principales impedimentos para que una nación pueda lograr un nivel adecuado
de desarrollo económico. La relación criminal entre funcionarios públicos y
empresarios llega al punto de hasta implementar leyes y reformas económicas
para beneficio propio de los políticos y empresarios a expensas del dinero del
pueblo. La lucha contra la corrupción no es tan solo un imperativo moral en la
sociedad sino
económico nacional. En aquella nación donde se establecen
influencias y relaciones delictivas entre empresas y funcionarios públicos, los
acuerdos y contratos de servicio y proyectos de infraestructura para el
desarrollo o mantenimiento del país, no se logran a base de la competencia justa entre empresas
para lograr determinar lo mejor para la nación sino por “amiguismo” y soborno.
Tales resultados perjudican grandemente a cada individuo particular y a la
nación en general porque eso se traduce en costos más altos y de menor calidad en los proyectos.
Como
también en menos atención a las necesidades reales de los ciudadanos, menor
inversión en la educación, pobre calidad en salubridad, menos servicios y de
menor calidad de los mismos. Tal corrupción provoca conducta delictiva en una
parte de la población pues piensa: “si ellos roban yo también robo” o al menos
podrían justificarse pensando: “¿por qué no puedo robar también? Para completar el cuadro, se genera un grado
de escepticismo en la justicia, una evasión contributiva, fuga de capital,
freno en las inversiones, tanto por nacionales como internacionales y otros
males.
Habrá
gente que dirá, como yo oído, que como todos los políticos son pillos, para que
robe el del otro partido que mejor robe el de mi partido. Otros piensan que no
es a ellos a quienes se les roba sino al gobierno, como si el gobierno fuera un
ente de otro planeta. Nos habremos de encontrar con estos enajenados que lo
único que podremos hacer con tales es tirarlos a perdida y que son parte del
problema convirtiéndose en cómplices de la corrupción ya sea consiente o inconscientemente.
En
resumen, por lo anterior podemos fácilmente deducir que quien le roba al estado
o gobierno, le roba a la nación, nos roba a todos. Las arcas del tesoro
nacional son de todos, para todos y por todos y no se trata de un robo a una
entidad ajena o contra un individuo, sino contra toda la nación, contra toda la
comunidad, contra ti y contra mí. Y eso señoras y señores y demás ejemplares de
la fauna humana, es traición a la patria y como tal deberán ser juzgados. Y a
eso le temen quienes no quieren que Borinken sea libre, independiente y
soberano.
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