Aquí tenemos
otro ejemplo de lo que Inés Muñoz Mendoza llamó la masacre de las mentes puertorriqueñas
cuando participó en la investigación de la Masacre De Ponce en el 1937.
El gobierno de
Estados Unidos continúa poniendo a los puertorriqueños a pelear entre nosotros mismos
en vez de pelear en contra del gobierno de Estados Unidos que es el único responsable
por tenernos como su colonia por los últimos 119 años.
En vez de
estar discutiendo esta noticia a continuación, ¿por qué no protestamos todos para
que el gobierno de Estados Unidos cumpla con las 35 resoluciones de la Organización
de Naciones Unidas pidiéndole que nos entregue la soberanía de Puerto Rico a
los puertorriqueños? Después, podemos
discutir entre nosotros el gobierno que queremos sin intervención extrajera.
Washington - El Departamento de Justicia deEstados Unidos propuso cambiar el diseño del plebiscito del 11 de junio próximo convocado por el gobierno de Puerto Rico para poder incluir el actual status territorial.
En una carta suscrita por el subsecretario interino de Justicia, Dana Boente, el gobierno del presidente Donald Trump mantuvo que los resultados del plebiscito de 2012 no justifican excluir el status vigente.
También cuestionó la definición de estadidad incluida en la papeleta, por entender que induce a error, al indicar que “la estadidad es la única opción que garantiza la ciudadanía estadounidense por nacimiento en Puerto Rico”.
“Esa declaración es incorrecta cuando se toma en consideración todas las opciones de status disponibles, pues bajo la ley vigente, los puertorriqueños tienen un derecho estatutario incondicional por nacimiento a la ciudadanía estadounidense”, indicó Boente en la carta dirigida al gobernador Ricardo Rosselló.
Rosselló le había entregado las definiciones de status a Boente el pasado 23 de febrero, con la esperanza de que el secretario de Justicia de EE.UU., Jeff Sessions, validara la papeleta y la campaña educativa, a cambio de ayudar a financiar con $2.5 millones una consulta dirigida a “resolver” el status político de Puerto Rico.
El Departamento de Justicia concluyó, sin embargo, que la consulta propuesta por el gobierno de Puerto Rico no cumple con la política pública federal.
Entre las objeciones, está también la definición de libre asociación, que Justicia federal considera parece más un “Estado Libre Asociado mejorado”. Dice que debe estar claro que la libre asociación es una fórmula de independencia.
También indica que tanto bajo la libre asociación como bajo la independencia, se requerirá revaluar “una variedad de asuntos relacionados a la ciudadanía”.
“Inaceptable incluir a la colonia”
“Justicia federal propone cambios a la ley de plebiscito. Resulta inaceptable incluir a la colonia en un proceso para descolonizar a Puerto Rico”, reaccionó el gobernador Rosselló, a través de su cuenta de Twitter.
Rosselló sostuvo que “la posición de la administración Trump atenta contra la voluntad expresada por el pueblo: un rechazo a continuar con el sistema colonial e indigno”.
El gobernador indicó que seguirá adelante con la consulta criolla entre la estadidad y la soberanía política (independencia o libre asociación), sin el visto bueno del gobierno del presidente estadounidense.
Eso significa que el gobierno de Puerto Rico no podrá contar con los $2.5 millones en fondos federales, ni el aval del Ejecutivo federal sobre un plebiscito que ya ha sido impugnado por ocho de los 52 senadores republicanos.
“Próximamente le estaré comunicando al pueblo, al Presidente y al Congreso nuestra posición en defensa de los mejores intereses de Puerto Rico”, agregó el gobernador.
Aunque la consulta nunca ha pretendido ser vinculante para el Congreso, una ley federal de enero de 2014 hubiese permitido que -por lo menos- el Ejecutivo estadounidense validara las propuestas de status que se presentarán ante el electorado puertorriqueño.
Hace una semana, sin embargo, ocho senadores republicanos, encabezados por el presidente del Comité de Asignaciones, Thad Cochran (Texas), enviaron una carta a Sessions en la que advirtieron que la exclusión del llamado ‘Estado Libre Asociado’ – el nombre que se le da al actual status territorial/colonial-, evitaba que la consulta pudiera cumplir con las normas constitucionales, legales y de política pública del gobierno federal como requiere el estatuto federal de 2014.
El gobernador Rosselló, la comisionada residente en Washington, Jenniffer González; y los líderes del subcomité de Asignaciones para Justicia federal en la Cámara baja, el republicano John Culberson (Texas), y el demócrata boricua José Serrano (Nueva York), habían pedido a Sessions que liberara los fondos.
A base de la ley puertorriqueña, la Comisión Estatal de Elecciones tiene que comenzar a imprimir las papeletas de la consulta el próximo lunes, 17 de abril, por lo que el gobierno de Puerto Rico esperaba por la respuesta de Sessions.
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