Rafael
Bernabe, portavoz del Partido del Pueblo Trabajador
En
nuestros artículos anteriores sobre el impacto del huracán María hablamos sobre
las lecciones del huracán y sobre algunas bases para la reconstrucción.[1] Ahora
debemos resumir las ideas en un breve programa para la reconstrucción, tanto la
reconstrucción planteada por el paso del huracán, ciertamente, como la
reconstrucción que ya estaba planteada antes del paso del huracán.[2] Como
indicamos, el huracán ha acentuado la triple crisis, de la deuda, económica y
energética que ya vivíamos antes del 20-21 de septiembre, además de evidenciar
los graves problemas de desigualdad (entre clases y también entre regiones).
Nada garantiza que logremos lo que necesitamos, pero cuánto logremos dependerá,
para empezar, de una formulación clara de lo que consideramos justo y adecuado.
Este programa incluye:
- Énfasis inmediato en el rescate y
estabilización inicial (provisión de agua, servicios médicos, transporte,
combustible, etc.) en el interior de la isla, donde el impacto del huracán
ha sido mayor por razones naturales (trayectoria del fenómeno) y sociales
(más altos niveles de pobreza en estos municipios).
- Suspensión de todo bloqueo a la ayuda
que pueda recibir Puerto Rico. Hemos escuchado denuncias (que no hemos
podido confirmar) de que se impide la llegada de apoyos de Venezuela en
particular, quizás de otros países también. Todo bloqueo de ayuda debe
cesar. Puerto Rico necesita y debe recibir toda la ayuda solidaria disponible.
- Anulación y repudio de la deuda por
razón de fuerza mayor, cambio significativo de situación y estado de
necesidad. Es necesario completar una auditoría ciudadana de la deuda para
determinar que parte es ilegal, inconstitucional o ilegítima.[3]
Pero la propuesta de renegociación de la parte restante según las
prioridades de proteger las pensiones, los servicios esenciales y los
medios necesarios para la recuperación económica ahora debe ser remplazada
por la propuesta de repudio y anulación de la deuda por razón de fuerza
mayor, cambio de circunstancia y estado de necesidad.[4] El
paso del huracán ha obligado a que la posibilidad de anulación se empiece
a mencionar. El gobierno de Puerto Rico debe actuar ahora con la audacia y
decisión que le faltó cuando debió reconocer que la deuda era insostenible
(inicios de 2014, a más tardar) y cuando debió declarar una moratoria
cuando al fin lo reconoció (junio de 2015). ¡Basta de sumisión y
pasividad![5]
- Aportación federal significativa para la
reconstrucción. El impacto del huracán ha abierto la discusión sobre una
aportación federal a la reconstrucción (que habíamos planteado hace
mucho). Se habla de cantidades que antes se decía eran imposibles ($7 a
$10 mil millones, o cerca de $30 mil millones que FEMA distribuiría entre
distintos estados y territorios), pero que son inadecuadas, en el caso de
Puerto Rico. Si el Congreso puede aportar las cantidades que se han
mencionado este o el próximo año, sin que ello le cause mayores crisis
presupuestarias, debemos exigir un fondo de reconstrucción de al menos $5
mil millones anuales. Esto no es ni caridad, ni aumentar la dependencia.
Debe verse como compensación y reparación por el impacto de una relación
colonial, perpetuada por el Congreso, de cuyo impacto económico (pobreza,
desempleo masivo permanente, sobre-endeudamiento, etc.) esa autoridad
colonial es, por lo menos en parte, responsable.[6] Buena
parte del producto del trabajo realizado en Puerto Rico ha salido años
tras año de Puerto Rico. Ese ha sido el destino del país, que
reiteradamente, luego de cada época de crecimiento se encuentra
desposeído, descapitalizado y sin los medios para impulsar su desarrollo
económico: esto es típico de la condición colonial.[7] Es
hora de recuperar una parte de esa riqueza para nuestra reconstrucción. Como
señala un reciente estudio del Center for Economic Policy: "There is
a substantial case for federal aid to Puerto Rico as well as sufficient
debt cancellation to allow for speedy economic recovery."[8] De igual forma, hay que indicar que el
desastre económico actual cuesta al pueblo trabajador de Estados Unidos,
por vía de los fondos federales necesarios para mitigarlo: conviene, tanto
al pueblo de Puerto Rico como al de Estados Unidos que se dote a la isla
de una economía saludable y sustentable, que no necesite tales
compensaciones por niveles de pobreza y desempleo. Existe el precedente
del proyecto de ley para la descolonización del congresista Vito
Marcantonio en 1936, que proveía para este tipo de compensación. En la
actualidad puede tomarse como punto de partida (para ser mejorado y
enmendado) el proyecto sometido por el senador Bernie Sanders en 2016
"Puerto Rico Humanitarian Relief and Reconstruction Act".[9]
¡Basta de rescatar a Wall Street y de abandonar a los pueblos a su suerte!
- Las propuestas anteriores suponen la
revocación de PROMESA como marco estrecho, inadecuado e injusto para
atender la crisis de la deuda. La ley no provee mecanismo alguno para la
recuperación económica, como ha reconocido el presidente de la Junta de
Control Fiscal creada por dicha ley. Tan solo provee para la aplicación de
medidas de austeridad que son socialmente injustas y contraproducentes
económicamente. El plan fiscal aprobado no preve crecimiento económico
hasta 2024: otra década perdida para Puerto Rico. La aplicación de medidas
de austeridad que antes eran injustas y contraproducentes sería, luego del
paso del huracán, sencillamente criminal.
- No más medidas contra el pueblo
trabajador y empobrecido. No podemos permitir que se use la emergencia
actual o los trabajos de reconstrucción (como ocurrió en Nueva Orléans con
el huracán Katrina) para imponer agendas de desplazamiento de comunidades
(gentrificación o aburguesamiento), privatización (de escuelas, por
ejemplo, con el modelo de las escuelas charter) o eliminación de
protecciones y derechos laborales. ¡No más cierres de escuelas sin la
participación activa e informada de las comunidades y los trabajadores y
trabajadoras afectados!
- No hay que confundir, como
sistemáticamente hacen las organizaciones patronales, productividad con
explotación. Puerto Rico necesita más productividad, no más explotación de
sus trabajadores y trabajadoras: necesita mayor participación laboral en
el ingreso y la organización del trabajo y los servicios. Deben cesar las
medidas anti-obreras y revertirse las que ya se han aprobado, empezando
con la mezquina reforma laboral, que golpea brutalmente a los trabajadores
y trabajadoras del sector privado. Sin estas acciones toda mención de
"unidad de propósitos" ante la crisis es pura hipocresía que
esconde las terribes desigualdades existentes y las políticas que las
acentúan.
- No utilización de la crisis para
imponder agendas patronales. Debe garantizarse que aquellas grandes
empresas que cuentan con seguro por cese de operaciones pasen a los
trabajadores y trabajadoras los beneficios que corresponden al pago de
nómina (payroll), algo que han tratado de evadir algunas empresas en el
sector de turismo. De igual forma hay que rechazar y denunciar los
intentos de patronos como GFR media, que, a la vez que elevan cantos
editoriales a la unidad de propósitos, pretenden quitar a sus empleados
las protecciones de su convenio, bajo amenaza de despido, y reducir sus
condiciones de empleo (pago horas extra, días de vacaciones, etc.) a las
de la mezquina contrarreforma laboral. Este uso de la crisis para despojar
más a los trabajadores es realmente indignante.
- Suspensión del IVU y reforma
contributiva progresiva. La crisis ha provocado la suspensión temporal del
cobro del IVU. Esto debe ser estímulo para una reforma contributiva que
reduzca los impuestos regresivos, como el IVU (que afectan más a los que
menos tienen) y que recupere para el país la extraordinaria cantidad de
riqueza que hoy se acumula en pocas manos y que se dedica a fines especulativos
e improductivos.
- Debe considerarse una aportación o
impuesto único (one-time) de recuperación a las más grandes empresas que
operan en Puerto Rico (se puede designar un volumen de negocios o
ganancias para determinar a cuáles aplica).
- Reforma gubernamental con participación
laboral y ciudadana. No podemos confundir eficiencia y privatización. Si
algo ha demostrado la crisis provocada por el huracán es la necesidad de
un seguro de salud universal y la reconstrucción gradual de un sistema de salud
público que sea integral, planificado y abarcador, así como de verdaderos
sistemas de transporte colectivo. La superación del malgasto e
ineficiencia existentes en los servicios públicos exige su democratización
con participación laboral y de los usuarios, no la entrega de lo público a
la lógica de la ganancia privada de unos pocos.
- Plan de reconstrucción económica
asentado en los fondos liberados o recuperados por la anulación de la
deuda, las aportaciones federales, la reinversión en Puerto Rico de las
ganancias que aquí se generan (sea de mutuo acuerdo con las empresas o por
vía de contribuciones), la reforma contributiva que capte fondos
acaparados improductivamente y nuevas inversiones externas sujetas a
prioridades bien diseñadas y condiciones que convengan al desarrollo del
país.[10]
De nada sirve que recibamos aportaciones y recuperemos recursos si no los
dedicamos a la creación de una economía propia y sustentable, justa
socialmente y ecológicamente responsable.
- Leyes de cabotaje. El paso de huracán ha
provocado que se tome una acción que desde hace mucho se había planteado,
sin lograr acción del gobierno federal: la suspensión temporal de leyes de
cabotaje. Esta acción debe ser preámbulo para su eliminación, como límite
a la recuperación económica de Puerto Rico. A la vez se deben garantizar
los empleos en tierra a los trabajadores que hoy realizan esas tareas y
residentes en Puerto Rico.
- Las demandas y propuestas que formulamos
en Puerto Rico (anulación de la deuda, aportación federal para la reconstrucción,
seguro de salud universal, programas de creación empleo, energía
renovable, etc.) coinciden con las exigencias y propuestas que también
plantean movimientos en Estados Unidos, y que corresponden a los intereses
del pueblo trabajador en ese país: propuestas de impuestos al gran capital
y corporaciones, proyectos de renovación de infraestructura y creación de
empleo, de anulación de la deuda estudiantil y de alivio a familias
endeudadas, de seguro de salud universal tipo single-payer, de reducción
del gasto militar a favor de gasto social, contra oleoductos y por la
energía renovable, de exigencia de derechos para comunidades discriminadas
racialmente e inmigrantes. Tenemos que vincular nuestras demandas a esos
movimientos, hacer que nuestro programa, incluyendo nuestra necesidad de
descolonización y autodeterminación como pueblo, sea parte de su programa.
Las propuestas de desarrollo vinculado en lo más posible al consumo local,
de aportación de los países ricos a la transición a la energía renovable
en los países más pobres o con menos recursos coinciden igualmente con las
del movimiento contra el cambio climático.[11]
- Debemos aprovechar el interés
internacional por la situación en Puerto Rico, resultado del paso del
huracán, para alertar a la opinión pública sobre la situación de Puerto
Rico: que Puerto Rico ha sido colonia de Estados Unidos desde 1898; que
sigue siendo colonia a la altura del siglo XXI; que el Congreso nunca ha
permitido al pueblo de Puerto Rico votar por distintas opciones de status
en un proceso vinculante; que bajo la relación existente la economía de
Puerto Rico ha sido dominada por el capital externo; que bajo tal dominio
su economía ha sido siempre, tanto unilateral como incapaz de proveer
empleos para buena parte de su fuerza laboral; que en la actualidad Puerto
Rico tiene una participación laboral de 40%, más de 45% de su población
bajo el nivel de pobreza, un ingreso per cápita de cerca de la mitad del
estados más pobre de Estados Unidos y una economía estancada desde hace una
década; que nada de esto es resultado de la limitación sino del movimiento
sin impedimento del dinero, las mercancías y el capital entre metrópoli y
colonia[12];
que al abismo entre ambas, luego de cerrarse levemente durante la
expansión de postguerra se ha mantenido igual o ha crecido en épocas
recientes; que, por tanto, la emigración, masiva en algunas épocas,
creciente en la actualidad, ha sido un aspecto constante de la realidad
colonial; que esto también explica la magnitud de la economía informal,
incluyendo (también gracias a políticas prohibicionistas erradas) el
narcotráfico, con su consecuencias violentas; que su pueblo trabajador ha
sido sometido a medidas de austeridad como el IVU (impuesto regresivo) en
2006, la ley 7 (despido de empleados públicos) en 2009, la ley 66
(reducción de condiciones y derechos laborales públicos) en 2014 y la
contra-reforma laboral (eliminación de derechos laborales en sector
privado) en 2016, entre otras; que el Congreso removió el mecanismo
insuficiente de estímulos contributivos (Sección 936) sin proveer
mecanismos alternos; que a pesar del estancamiento y la crisis las
corporaciones externas que operan en la isla generan o declaran ganancias
de alrededor de $35 mil millones anuales, equivalentes a cerca del 35% del
PIB; que en lugar de reconocer su responsabilidad o corresponsabilidad por
la crisis económica y de la deuda, el Congreso aprobó la ley conocida como
PROMESA que acentúa el carácter colonial de la relación existente, no
provee medidas o fondos para el desarrollo económico y que tiene la
encomienda de implantar aun más y más severa medidas de austeridad (como
la drástica reducción del presupuesto de la universidad pública) que son
injustas socialmente y contraproducentes económicamente; que Puerto Rico
necesita un plan de reconstrucción, los poderes necesarios para
implantarlo y los aliados internacionales indispensables para vencer las
imposiciones del gran capital y los más grandes acreedores; que, al igual
que otros países empobrecidos, Puerto Rico no tiene los medios propios
para completar la transición acelerada a la energía renovable que la
humanidad necesita para atender la amenaza del cambio climático y que, por
tanto, necesita, como otros países en igual situación, tanto alivio de la
deuda y apoyo de los países ricos.[13] Todo
esto es necesario explicarlo con datos, argumentos y ejemplos concretos,
serena pero firmemente, no como resultado de acciones malévolas de los
"americanos", generalización sin fundamento, sino de estructuras
y políticas que responden a los intereses de las clases privilegiadas que
predominan en el Congreso y que encuentran aliados en Puerto Rico,
intereses que también son opuestos a los de la mayoría del pueblo
trabajador estadounidense.
- Esta solidaridad y apoyo mutuo entre los
pueblos de distintos territorios debe darse entre poblaciones de un mismo
país o nación y también entre poblaciones de países y naciones distintas,
bajo una misma jurisdicción política o bajo jurisdicciones distintas: por
tanto, no depende del status de Puerto Rico ni presente, ni futuro, ni del
status existente, ni del status a que se aspire. Colaborando con nuestros
aliados fuera de Puerto Rico podemos construir el Puerto Rico democrático,
solidario, sustentable que necesitamos, cualquiera que sea el status por
el que optemos.[14]
- Para resolver el problema colonial es
necesaria la convocatoria, cuando las condiciones lo permitan, de una
asamblea constitucional de status, según el modelo elaborado por el
Colegio de Abogados de Puerto Rico. Dicho organismo debe formular opciones
de status no coloniales, negociar con el Congreso aquellas opciones que lo
requieran y someter al pueblo esas opciones para que escoja entre
alternativas no coloniales. Tomando en cuenta la actual emergencia, la
realización de esa asamblea podría aprobarse en 2018 para convocarse en
2019.
[1] "Algunas lecciones del
huracán", 1ro octubre 2017; "Bases para la reconstrucción", 5
octubre 2017. Ambos disponibles en varias páginas de Internet. Entre ellas 80
grados y la página CADTM.org
[2] Ya que seguimos muy
incomunicados, este programa es responsabilidad del que escribe. Cuando los
organismos dirigentes del PPT se reúnan podrán corregir, enmendar, modificar y
ampliar lo que aquí se propone provisionalmente.
[3] El estudio preliminar por la
Comisión para la Auditoría de la Deuda creada por la ley 97 de 2015,
recientemente disuelta por la presente administración, ya señaló la
probabilidad que parte importante de la deuda sea ilegal por razón de violación
de disposiciones constitucionales de presupuestos balanceados, margen
prestatario y duración de la deuda y por violación de reglas de la Securities
Exchange Commission.
[4]
La fuerza mayor y el cambio de situación existen cuando "a government or
public body finds itself, due to external circumstances beyond its control,
unable to fulfill its international obligations, including repayment of a
debt." El estado de
necesidad existe cuando el pago de la deuda impediría al gobierno garantizar
las necesidades de la población. No se trata, explican Toussaint y
Millet, de que el gobierno esté "absolutely prevented from fulfilling
international obligations but of recognizing that to do so would necessitate
sacrifices on the part of the population that go beyond what is reasonable. The
state of necessity may justify repudiating the debt, since it implies
establishing priorities among the different obligations of the state."
(Eric Toussaint, Damien Millet, Debt, the IMF and the World Bank, New
York: Monthly Review, 2010, pgs. 246-47) Estas descripciones aplican claramente
a nuestro caso.
[5] Desde enero de 2014 el PPT
planteó que la deuda era insostenible, el impago inevitable y que era necesario
declarar una moratoria al pago de la deuda. Se nos dijo que esto era incorrecto
e inapropiado. Pero en junio de 2015 se reconoció que deuda era insostenible y
a principios de 2016 se aprobó una ley de moratoria, en ambos casos con un
retraso que debilitó al país ante los acreedores y abrió paso a medidas como
PROMESA.
[6] Así lo reconoce y señala el
actual partido de gobierno, el PNP, como puede verse en el preámbulo de la ley
51 de 2016 (la ley del plebiscito).
[7] Ese fue el caso luego del fin
de la expansión del azúcar con trabajo esclavo a mediados del siglo XIX, el fin
de la expansión del café a finales del siglo XIX, el fin de la expansión del
azúcar capitalista en la década de 1930 y de la semi-industrialización, tanto
de la época de Manos a la Obra a mediados de la década de 1970, como de las empresas
936, desde 2006.
[8]
Lara Merling, Kevin Cashman, Jake Johnson, Mark Weisbrot, Life After Debt in
Puerto Rico: How Many More Lost Decades? (Washington D.C.: Center for
Economic Policy and Research, July 2017).
[9] El proyecto establece paridad
de fondos Medicare y Medicaid y provee para fondos en áreas como carreteras,
energía renovable, aeropuertos, agua potable, servicios en zonas rurales,
ferries y muelles para ferries, preparación y respuesta desastres, banda ancha,
vivienda y desarrollo comunitario. Uno de los defectos del proyecto es que
canaliza los fondos a través de programas federales existentes, en lugar de
agencias bajo control nuestro, creadas para atender la situación de Puerto Rico
de manera integral. Las cantidades totales también son insuficientes: cerca $9
mil millones en 10 años, si se suman distintas disposiciones, según nuestros
cálculos.
[10] Sobre esto hay
propuestas en los programas del PPT, del PIP y de organismos como el Centro
para una Nueva Economía, entre otros. Este plan debe dar rol destacado a las
iniciativas públicas y cooperativas y debe incluir entre otros objetivos el
logro de la soberanía alimentaria. En términos de orientación general el
programa del PPT plantea: "Puerto Rico necesita una reconstrucción
económica que lo dote una economía propia, que, sin eliminar la inversión
externa enfatice la iniciativa interna (pública, privada y cooperativa); que
sin subestimar la exportación aumente la producción para el mercado interno
(incluyendo la recuperación de la agricultura); que promueva la reinversión
aquí del excedente que aquí se genera; que estimule el mercado interno y la
productividad con una redistribución de la riqueza y la mayor participación del
trabajador en el producto y la organización del trabajo; que democratice la
gestión pública y combata la corrupción con los presupuestos participativos y
otros mecanismos de incorporación ciudadana. Tal proyecto debe incluir la
recuperación –por vía de contribuciones o de la reinversión-- de una mayor
porción de los $35 mil millones que hoy se fugan como ganancias de las empresas
que operan en la isla." Y más adelante: "Puerto Rico necesita una
economía propia, que, sin eliminar la inversión externa enfatice la iniciativa
interna (pública, privada y cooperativa); que sin subestimar la exportación
aumente la producción para el mercado interno (incluyendo la recuperación de la
agricultura y las industrias anexas); que promueva y logre la reinversión en el
país del excedente que aquí se genera; que estimule el mercado interno y la productividad
con una política de redistribución de la riqueza y de más justa participación
del trabajador en el producto y la organización de su trabajo y que se
comprometa, entre otras medidas ambientales urgentes, a la transición acelerada
al uso de fuentes de energía renovable."
[11] Ver sobre esto mi artículo
"El capitalismo fósil" en 80 grados, reseña del libro This Changes
Everything de Naomi Klein.
[12] Al contrario de lo que afirman
los dogmas del neoliberalismo y el fundamentalismo de mercado, estos son los
resultados que cabe esperar. Como plantea el economista Anwar Shaikh:
"Simply opening up the markets of a developing country exposes its
businesses to powerful international competition, whether or not they are
internationally competitive. And if they are not, they will lose out on a large
scale. This can be offset to some extent by foreign investment… But… the
unemployment created by the displaced domestic industries need not be absorbed
by any new production by foreign firms, for the latter will generally be far
less labor intensive… Without the intervention by appropriate institutions that
counter these tendencies of free trade, the problems will tend to be
chronic." Globalization and the Myth of Free Trade, (London/New
York: Routledge, 2007), 63-64.
[14] El PPT incluye defensores de
todas las opciones de status, que estamos de acuerdo en esta perspectiva. El
que escribe es independentista y socialista y defiende, por tanto, la independencia
desde esa perspectiva internacionalista.
debe formular opciones de status no
coloniales, negociar con el Congreso aquellas opciones que lo requieran y
someter al pueblo esas opciones para que escoja entre alternativas no
coloniales. Tomando en cuenta la actual emergencia, la realización de esa
asamblea podría aprobarse en 2018 para convocarse en 2019.
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